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Los diputados Karen Medina (Ind-DC) y Roberto Arroyo (PSC) presentaron una serie de oficios solicitando información detallada sobre las “casas de tortura” detectadas en distintas comunas del país, donde organizaciones criminales como el Tren de Aragua hDiputados piden medidas contra las «casas de tortura» del crimen organizado
Los diputados Karen Medina (Ind-DC) y Roberto Arroyo (PSC) presentaron una serie de oficios solicitando información detallada sobre las “casas de tortura” detectadas en distintas comunas del país, donde organizaciones criminales como el Tren de Aragua han instalado centros de secuestro, extorsión y homicidio. La acción de los parlamentarios está dirigida al Ministerio de Seguridad Pública, Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI). Preocupación ante el control territorial de bandas Según afirmó Medina, integrante de la Comisión de Vivienda, no se puede permitir “que las bandas del crimen organizado tomen el control de sectores completos, utilizando viviendas ilegales como centros de tortura y ejecución”. “Es fundamental saber qué acciones se están implementando para desmantelar estos recintos y proteger a las familias que viven bajo el miedo constante de estas mafias”, puntualizó la legisladora. En la misma línea, el diputado Arroyo advirtió que “estos delitos son propios de carteles internacionales y Chile no puede quedarse de brazos cruzados mientras el narcotráfico y la extorsión se institucionalizan en nuestros barrios”. “Hemos solicitado un catastro actualizado de estas casas de tortura, porque es inaceptable que no exista una coordinación efectiva entre las policías y los municipios para intervenir estos espacios”, enfatizó. Cifras alarmantes y propuestas de acción Los parlamentarios hicieron referencia a las recientes cifras entregadas por la PDI, que identificó al menos 17 inmuebles utilizados para estos fines entre 2022 y 2025 en comunas como Santiago Centro, Maipú, Talagante, Estación Central e incluso Valparaíso, muchas de ellas en tomas ilegales o viviendas subdivididas. “La expansión de estas prácticas criminales no solo afecta la seguridad pública,« sino que también debilita el control territorial del Estado”, indicó Medina, quien aseguró que debido a ese escenario “hemos oficiado al ministro de Seguridad Pública y al director de la PDI para conocer qué protocolos de intervención existen y si se está trabajando en conjunto con los municipios afectados”. “No queremos que Chile termine normalizando este tipo de delitos”, añadió la congresista. Arroyo destacó también la importancia de abordar el fenómeno de manera integral,» por lo que solicitó a Carabineros que “informe sobre los operativos realizados en estos inmuebles, las detenciones efectuadas y los decomisos de evidencia”. Finalmente, dio cuenta que “es urgente establecer una estrategia de inteligencia policial que evite la reactivación de estas casas,« porque detrás de cada secuestro hay una familia extorsionada y un barrio que pierde su tranquilidad”.» Read more
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