Del Supremo al Capitolio: La nueva ofensiva de Trump contra la ciudadanía por nacimiento
La decisión de la Corte Suprema de EE.UU. este martes, que considera ilegal la orden ejecutiva del presidente, Donald Trump, para limitar la ciudadanía a los nacidos de padres indocumentados o con visados temporales, no puso punto final a la meta que lleva décadas cocinándose en la mente de los republicanos.
La decisión mantiene una interpretación de la Constitución que durante más de 150 años considera estadounidenses a casi cualquier persona que nazca dentro de la nación, con algunas excepciones como los hijos de los diplomáticos.
El dictamen supone una fuerte derrota para Trump, pero el mandatario no ha dado la lucha por terminada. Tampoco sus detractores.
El camino planteado por Kavanaugh
En un particular dictamen, el magistrado Brett Kavanaugh, nombrado por Trump en 2018, ha dibujado uno de los caminos más seguros que impulsará la Casa Blanca y los republicanos.
«El Congreso podría -en consonancia con la Decimocuarta Enmienda- modificar dicha ley o promulgar nueva legislación que establezca excepciones a la ciudadanía por derecho de nacimiento para los hijos de ciudadanos extranjeros que se encuentren en el país de forma ilegal o temporal. Pero el Congreso aún no lo ha hecho», escribió en su voto.
Como parte de sus argumentos el juez considera que si bien la orden ejecutiva infringía la ley federal, no contravenía la Constitución, lo que daría vía libre a cambiar la legislación.
Trump acude al Congreso
El mandatario no había terminado de mostrar su molestia por el golpe judicial cuando exigió al Legislativo estadounidense, dominado por los republicanos, que actuara.
«El Congreso debería empezar hoy mismo a trabajar para poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, una práctica costosa e injusta para nuestro país. ¡Contarán con mi apoyo total y absoluto!», escribió el mandatario en su red Truth Social.
Aseguró que el proceso judicial le dejó claro que «¡No hace falta una enmienda constitucional larga y engorrosa!» para cumplir sus deseos.
Una búsqueda de décadas
Pero Trump parece olvidar que en los últimos 30 años el Congreso ha considerado numerosos proyectos sobre la ciudadanía por nacimiento, pero nunca llegó a promulgar ninguna de ellas.
De hecho en el actual periodo legislativo (2025–2026), existen dos proyectos de ley complementarios que cumplen con la exigencia de Trump, avalados por el senador Lindsey Graham y el representante Brian Babin.
Ambas propuestas llevan el título «Ley de Ciudadanía por Derecho de Nacimiento de 2025». En conjunto, buscan limitar la ciudadanía estadounidense por nacimiento a aquellos hijos cuyos padres sean ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales.
«Estoy más decidido que nunca a poner fin a este importante factor de atracción para la inmigración ilegal y el turismo de nacimiento», dijo hoy Graham en un comunicado en el que resaltó que por años ha trabajado por esto.
Proyecto demócrata
Aunque los demócratas han salido a aplaudir el dictamen del Supremo y prometieron defender la Decimocuarta Enmienda, hoy han tenido que asumir que uno de sus más emblemáticos senadores, Harry Reid, presentó en 1993 un proyecto de ley similar a lo que busca Trump.
La legislación, que murió en el Comité Judicial del Senado, tenía como objetivo combatir la inmigración no autorizada y el turismo de nacimiento.
Los defensores de los inmigrantes
Trump, los congresistas republicanos y el mismo Kavanaugh también siguen teniendo en contra las opiniones de quienes defienden la Decimocuarta Enmienda.
Por ejemplo, Jeremy McKinney, experto y asesor de Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), considera que la opinión de Kavanaugh para que el Congreso modifique la ley «no conduce a ninguna parte» y contradice la opinión de la mayoría.
El dictamen del Supremo situó la ciudadanía por nacimiento fuera del alcance de la legislación ordinaria, aseguró el abogado en un comunicado.
«Cualquier proyecto de ley que prometa redefinir la ciudadanía por nacimiento mediante legislación ordinaria no es más que una maniobra retórica, ya que la Constitución responde ahora a la cuestión y el Congreso no puede modificarla mediante una ley ordinaria», insistió.
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