Torturas en Hospital de Osorno: Imputados dejan la cárcel por arresto domiciliario
Con arresto domiciliario total quedaron los cuatro funcionarios del Hospital Base de Osorno que, entre 2018 y 2020, cometieron actos reiterados de tortura en contra de un compañero de trabajo que padece Trastorno del Espectro Autista (TEA).
Este viernes fueron dos de los imputados quienes salieron de la cárcel, quedando todos ahora con esta medida preventiva menos gravosa.
Según informó la Fiscalía de Río Negro, la modificación -solicitada por la defensa- fue aceptada tras analizar el desarrollo de las indagaciones y la situación de salud de uno de los involucrados.
«En la audiencia, la defensa de los imputados solicitó rebajar la medida cautelar de prisión preventiva. Uno de ellos en particular, por la condición de salud que presenta actualmente: requiere diversos procedimientos hospitalarios», indicó la fiscal Ana María Díaz.
En esta línea, dijo que, ante la solicitud de la defensa, «en la Fiscalía no nos opusimos, principalmente porque el arresto domiciliario total nos permite seguir desarrollando diligencias investigativas restantes sin inconvenientes, manteniendo además el resto de las medidas cautelares que también fueron decretadas respecto de los otros dos imputados».
Según detalló la persecutora, estas medidas son «arraigo nacional, prohibición de comunicación con la víctima y sus familiares».
Por su parte, el abogado de uno de los imputados, Juan Carlos Claret, explicó que la decisión se basó en una presunta desproporción de la prisión preventiva ante los nuevos antecedentes.
«La prisión preventiva se puede revisar de oficio, pero ese no es el caso, este se hizo por petición de parte tanto del Ministerio Público como de esta defensa, en virtud de nuevos antecedentes que desvirtúan la necesidad de que uno o los dos imputados que estaban en la cárcel se mantengan en esa condición», advirtió el jurista.
Con estos cambios, los cuatro imputados en el «caso torturas» se mantendrán bajo arresto domiciliario total. Adicionalmente, se mantienen otras medidas cautelares importantes, como la prohibición de contactar y acercarse a la víctima o a sus familiares, y el arraigo nacional.
Detalles del caso
Respecto al detalle de este caso, se informó que el grupo de profesionales del área informática del recinto cometió «actos reiterados de tortura, tratos denigrantes, agresiones físicas y verbales, además de divulgación de información e imágenes privadas por medio de redes sociales» en perjuicio del afectado, colega de la misma unidad de trabajo.
Los hechos ocurrieron en dependencias del centro asistencial y ocasionaron a la víctima «un estado permanente de angustia, con grave afectación a su vida personal y profesional».
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