Corrupción judicial instala, en medio de la campaña política, el debate sobre la urgencia de reformas
Los recientes escándalos de corrupción en el Poder Judicial han desatado una ola de críticas y un llamado unánime a implementar reformas profundas, con organizaciones sociales y figuras políticas que enfatizan la necesidad de restablecer la confianza en el sistema.
El caso «muñeca bielorrusa» -derivado del escándalo protagonizado por Luis Hermosilla- continúa generando controversia en el ámbito judicial chileno, centrado en la figura de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco: las acusaciones apuntan a supuestas coimas que le pagó el consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec en medio de un litigio judicial con Codelco.
El director ejecutivo de Chile Transparente, Michel Figueroa, advirtió que «este tipo de situaciones no solo genera una extendida desconfianza en el sector judicial, sino también un cuestionamiento a las bases que sostienen la institucionalidad de la administración de justicia en nuestro país».
En esta línea, destacó la urgencia de «establecer las reformas necesarias para mejorar los mecanismos de nombramiento, asegurar mejores controles a la calidad de las sentencias, pero por sobre todo, establecer mecanismos de seguimiento, tutela y fiscalización a la labor que realizan jueces y juezas a lo largo de todo nuestro país».
Cuestionamientos políticos
Desde el ámbito político, las reacciones tampoco se han hecho esperar. El candidato presidencial independiente Marco Enríquez-Ominami afirmó que «esta vez la realidad los alcanzó. El caso Vivanco es tan grave que los obliga y nos obliga a interpelarnos todas y todos».
Para enfrentar esta problemática ME-O propuso medidas concretas para abordar la crisis, incluyendo «un consejo de la magistratura, un tribunal especialista en ejecución de penas, (y) tribunales populares».
Por su parte, la diputada Camila Musante (Ind-PPD) acusó que «han destruido la justicia chilena un grupo de supremos que se creen con supremacía por sobre la ley».
La parlamentaria fue más allá, señalando que los actos de corrupción «no solamente destruyen la confianza en la justicia y en el Poder Judicial, sino que además demuestra cómo unos pocos quieren convertir a la Corte Suprema en una empresa, en una asociación ilícita para poder hacer negocios».
«Me parece surrealista que esto esté sucediendo en la Corte Suprema», confesó, en tanto, la diputada Ximena Ossandón (RN), que hizo un llamado a la acción inmediata, instando a «aplicar todo el rigor de la ley sobre quienes resulten responsables de cohecho y lavado de dinero aprovechando su condición de poder».
Nueva audiencia en el caso «muñeca bielorrusa»
Este lunes realizará la tercera jornada de formalización de los abogados Mario Vargas, Eduardo Lagos y Gonzalo Migueles -esposo de la destituida jueza Ángela Vivanco-, acusados de cohecho, lavado de activos y soborno en la «causa bielorrusa».
Según la Fiscalía, la exmagistrada habría recibido pagos ilícitos a través de su pareja y gestionados por los abogados Eduardo Lobos y Mario Vargas, quienes representaban al consorcio.
Este lunes se realizará una nueva audiencia del caso «muñeca bielorrusa», en el que los imputados enfrentan cargos por cohecho, lavado de activos y soborno. (FOTO: ATON)
La situación de Ángela Vivanco presenta una particularidad legal debido a su pasado como ministra de la Corte Suprema, por lo que posee un fuero especial. Esto implica un procedimiento distinto para su eventual remoción, requiriendo que la Fiscalía presente una «querella de capítulos» que, una vez acogida, permitiría la aplicación de medidas cautelares.
La audiencia de este lunes se extenderá desde las 9 de la mañana hasta las 17 horas, marcando un hito en la investigación de este complejo entramado de corrupción judicial.
Acusación constitucional contra juez Ulloa
Otro hecho que mantiene en el ojo de la tormenta al Poder Judicial es la acusación constitucional dirigida al juez Antonio Ulloa, cuestionado por su vinculación con el abogado Luis Hermosilla, principal imputado en el Caso Audios.
A pesar de que la Corte Suprema abrió un cuaderno de remoción, finalmente no concretó tal sanción, una decisión que generó polémica dentro del mundo del sistema de justicia. Esta determinación ha provocado un intenso debate entre diversos actores, quienes cuestionan la efectividad de los mecanismos de control internos.
El juez Antonio Ulloa enfrenta una crucial votación de acusación constitucional en el Senado este lunes. (FOTO: ATON)
En medio de esos cuestionamientos, este lunes el Senado, desde las 10:00 de la mañana, votará la acusación constitucional contra Ulloa. La sesión tendrá lugar interrumpiendo la semana distrital en plena campaña electoral, un hecho que podría traducirse en una baja asistencia.
Para que la votación sea válida y la sesión pueda realizarse, se requiere la presencia de al menos 17 senadores. La destitución del juez Ulloa, de aprobarse, necesitará un total de 26 votos.