Nombrar jueces por sorteo es la mejor manera de evitar el cabildeo, opina Horvitz
En medio de la crisis que sacude a la Corte Suprema por la histórica formalización de la exministra Ángela Vivanco por corrupción, la abogada y profesora de la Universidad de Chile María Inés Horvitz abogó este miércoles en Cooperativa por un sistema de sorteos para nombrar jueces y terminar con la «estructura colonial» del Poder Judicial.
En entrevista con Lo Que Queda del Día, la experta sostuvo que «una crítica constante» que han hecho los académicos «ha sido haber mantenido desde la Colonia, prácticamente sin tocar, la estructura jerarquizada del Poder Judicial, desatendiendo completamente la evolución que han tenido esos poderes en otras partes de nuestro sistema jurídico».
Cultura del silencio
Según Horvitz, «el problema de fondo» radica en que la carrera de los magistrados depende directamente de la evaluación de sus superiores, lo que genera una cultura del amiguismo y el temor a denunciar irregularidades.
«Para que la gente lo sepa, tenemos la Corte Suprema más jerarquizada con más poder de toda Latinoamérica y no ha sido prácticamente tocada», explicó la exconsejera del CDE, que vinculó esta dinámica con el silencio que rodeó las cuestionadas gestiones de Vivanco hasta que estallaron los chats del caso Hermosilla.
«Uno ve las declaraciones de los relatores y de todos los funcionarios judiciales que intervinieron en la causa Belaz Movitec y las irregularidades que allí se cometieron, que no se atrevían a denunciarlas. No se atrevieron, y no fue sino hasta que saltaron todas las alarmas con los chats de Hermosilla que empieza entonces, incluso, a moverse la maquinaria. Recordemos que (el imputado abogado de la firma bielorrusa) Mario Vargas trata de impedir de que esos chats sean conocidos por el CDE, y todo esto para encubrir justamente que había ahí una trenza de esta señora (Vivanco) con varios abogados respecto de los cuales ya existían rumores de que tenían antecedentes no muy prístinos», señaló la académica.
Ante el riesgo de corrupción en el Poder Judicial, Horvitz dijo que «lo que importa es tratar de buscar mecanismos que signifiquen la menor posibilidad de politización de los jueces, de tal manera de que los jueces no tengan que orientar su comportamiento hacia los intereses que tengan aquellos que lo nombraron».
Principio de ingratitud
La abogada remarcó que «aquí se supone que debiera primar lo que se llama el principio de ingratitud: me nombras, pero yo no te debo nada. Eso no es lo que ocurre en nuestro país, y por eso tenemos el problema del tráfico de influencias, de los conflictos de interés, porque finalmente lo que ocurre es que, si me nombraste —porque, además, no hay un sistema totalmente transparente para la designación, sobre todo de los ministros de la Corte de Apelaciones y Suprema—, siempre existe una cierta suspicacia de qué es lo que finalmente pudieron haber acordado con los senadores o con el Ejecutivo para que los nombraran, y lo mismo ocurre con el fiscal nacional, por lo demás».
De modo que, para Horvitz, «el mecanismo debiera ser primordialmente técnico, un poco lo que hace la Academia Judicial: tener en cuenta toda la capacitación, todo el aprendizaje práctico que haya tenido el abogado para poder llegar a ser juez y, luego, un concurso público de oposición y antecedentes en el que se haga una quina por un consejo. Esta es una forma de reducir la posibilidad de discrecionalidad, porque el consejo es el que decide quiénes van a quedar en la quina o en la terna según corresponda».
«Luego, en mi opinión, la forma de designar debiera ser a través de sorteo; no que quedara a cargo del Presidente de la República o del Senado como es actualmente, porque ahí es donde vienen las negociaciones, que yo quiero uno de mi lado, yo quiero del otro», enfatizó la especialista.
La propuesta de Horvitz también incluye la separación total de las funciones jurisdiccionales de las administrativas y disciplinarias. Bajo este modelo, los ministros de la Corte Suprema se abocarían exclusivamente a resolver causas, perdiendo la facultad de sancionar o calificar a jueces de tribunales inferiores.
Vacante en el CDE: «Tengo la sospecha de que al designado le están guardando el puesto»
Por último, Horvitz expresó su preocupación por la demora en el nombramiento del nuevo consejero del CDE. Según la exintegrante del organismo, la discrecionalidad del Ejecutivo en estas designaciones suele priorizar perfiles políticos por sobre los técnicos, especialmente al cierre de las administraciones.
La abogada comparó la celeridad de procesos anteriores con la actual vacante, que se arrastra desde hace meses, y sugirió un posible cálculo político por parte del Ejecutivo: «Cuando yo renuncié, se designó bastante rápido a mi sucesora y hay una vacante desde abril y todavía no se nombra. A mí me da la sensación —y solamente lo voy a hablar en términos muy generales— de que el Presidente Boric está esperando el último día para designar a esa persona. Si no lo ha hecho, yo podría asegurar casi en 100% de que va a ser alguien que está en el Gobierno y que le están guardando el puesto. Esa es mi sospecha», advirtió.
La jurista recordó que esta práctica ha sido transversal en distintos Gobiernos, mencionando casos emblemáticos de nombramientos realizados en las postrimerías de los mandatos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera.
«Ha ocurrido antes: se nombró a Javiera Blanco por Michelle Bachelet en los últimos momentos de su primera Presidencia y, luego, también a Alberto Espina por el Presidente Piñera, siempre en los momentos en que está terminando la Presidencia de cada uno y siempre con un perfil más político que académico-técnico», señaló.
Finalmente, Horvitz defendió la necesidad de que los consejeros posean una trayectoria real en litigación dentro del organismo, respaldando las aspiraciones de los abogados de planta que buscan ascender por mérito técnico.
«Puede ser que se conjugan la experiencia política y la experiencia académica y de litigación, eso puede ocurrir, pero lo que yo puedo decir, después de empezar desde muy abajo en el CDE y haber hecho mi experiencia en esa institución y haber aprendido muchísimo, es que uno logra realmente entender esa institución cuando uno ha estado litigando en ella por un buen tiempo», arguyó.
En ese sentido, calificó de «legítima la aspiración de la Asociación de Abogados del Consejo, que después de estar 10, 15, 20, 30 años y siendo buenos litigantes —porque a uno como consejero le consta quiénes son los buenos y quiénes son más o menos no más— (piden) elegirlos a ellos, pero esa es una decisión del Presidente de la República y es discrecional, no hay controles sobre eso».
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