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La formalización del ex-fiscal regional metropolitano oriente, Manuel Guerra, ha marcado un punto de inflexión en las investigaciones derivadas del «Caso Audios». Durante la audiencia, Guerra es imputado por los delitos de cohecho agravado, pre«¿Con qué autorización?»: Defensa de exfiscal Guerra cuestiona obtención de chats de Hermosilla
La formalización del ex-fiscal regional metropolitano oriente, Manuel Guerra, ha marcado un punto de inflexión en las investigaciones derivadas del «Caso Audios». Durante la audiencia, Guerra es imputado por los delitos de cohecho agravado, prevaricación administrativa y violación de secreto, en una jornada donde el propio acusado decidió tomar la palabra para cuestionar duramente la obtención de las pruebas en su contra. «¿Con qué autorización?» Uno de los momentos más tensos de la jornada ocurrió cuando Guerra intervino para impugnar el origen de los mensajes de WhatsApp intercambiados con el abogado Luis Hermosilla. Según el ex-fiscal, el Ministerio Público accedió a estos diálogos excediendo los permisos otorgados por los tribunales. «¿Qué es lo relevante para mi situación, su señoría, y qué considero grave? El hecho de que la fiscal Parra señala en esa declaración que encontraron mensajes míos con Luis Hermosilla, respecto de los cuales no existía autorización judicial, ya que esta estaba restringida por la magistrada Díaz Muñoz», afirmó Guerra. El imputado cuestionó la figura del «hallazgo casual» utilizada por el ente persecutor, afirmando: «La pregunta que yo me hago, su señoría, y que me persigue hasta el día de hoy es: ¿con qué autorización el Ministerio Público registró mis conversaciones con el señor Hermosilla?». A pesar de estas dudas sobre el procedimiento, Guerra reconoció la autoría de los mensajes, aunque descartó que estos constituyan delitos. La estrategia del Ministerio Público sorprendió a algunos sectores al no solicitar la medida cautelar más gravosa para el expersecutor. En cambio, pidió arresto domiciliario total, arraigo nacional y la prohibición de comunicarse con otros imputados o testigos de la causa. Sin embargo, el Consejo de Defensa del Estado (CDE), actuando como querellante, marcó una postura más severa. Dada la gravedad de los delitos de corrupción pública imputados, el organismo solicitó la prisión preventiva para Guerra, argumentando que su libertad representa un peligro para la seguridad de la sociedad y el éxito de la investigación. Read more
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