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La Sala del Senado pospuso hasta nuevo aviso la discusión en tabla del proyecto de ley conocido como «Ley Mordaza 2.0». La iniciativa, que busca sancionar con penas de hasta cinco años de cárcel y multas de hasta 500 UTM a quien difunda anteceSenado postergó debate de la «Ley Mordaza 2.0»
La Sala del Senado pospuso hasta nuevo aviso la discusión en tabla del proyecto de ley conocido como «Ley Mordaza 2.0». La iniciativa, que busca sancionar con penas de hasta cinco años de cárcel y multas de hasta 500 UTM a quien difunda antecedentes de causas penales en etapa de investigación, debió suspender su debate debido a la extensión de la votación de la megarreforma económica. El proyecto —ingresado en abril de 2025 por los senadores Pedro Araya (PPD), Alfonso de Urresti (PS), Paulina Núñez (RN), Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y la exsenadora Luz Ebensperger (UDI)— se encuentra en su primer trámite constitucional. Aunque sus promotores sostienen que el objetivo central es que la responsabilidad penal recaiga en los funcionarios públicos e intervinientes que violan su deber institucional de reserva y no en los periodistas, diversos organismos y expertos advierten que la medida criminaliza la libre circulación de información de interés público. Académica advierte «efecto inhibidor» en el ejercicio periodístico En conversación con Lo Que Queda del Día de Cooperativa, la abogada constitucionalista Claudia Sarmiento, académica de las universidades Alberto Hurtado y Adolfo Ibáñez, afirmó que, aunque el objetivo del proyecto puede considerarse «legítimo» para proteger la presunción de inocencia y la eficacia del sistema penal, advirtió sobre el impacto del articulado en los medios de comunicación. «En una primera versión del proyecto, la redacción era mucho más ambigua: decía 'todo quien revelare, todo quien difundiere'. Eso ha ido restringiéndose en la tramitación, pero aún no está totalmente depurado de dificultades. Tal vez los periodistas hagan el análisis de '¿publico o no publico esto?' no pensando en la necesidad de informar, sino en el propio resguardo personal y patrimonial. Ahí hay un efecto inhibidor del ejercicio de la libertad de expresión al que hay que tenerle mucha atención», señaló. Asimismo, Sarmiento enfatizó que «la función de fiscalización de los medios respecto de la actividad política es muy importante y no sólo para los medios, sino para quienes somos receptores; en último término, es determinante para la calidad de nuestra democracia». La visión de los legisladores: vacíos legales vs. protección de la prensa Uno de sus impulsadores, el senador Araya (PPD), ha afirmado que el proyecto busca resolver vacíos normativos —como los límites del peritaje a la mensajería y llamadas en celulares— y asegurar que el peso de la sanción recaiga en los operadores del sistema judicial que filtran expedientes. El debate ya resonó en la Cámara de Diputadas y Diputados, donde surgen distintas posturas. El diputado Marcos Ilabaca (PS) sostuvo que «perseguir y sancionar a quienes filtran antecedentes reservados es correcto, pero una cosa muy distinta es terminar afectando el trabajo periodístico y el acceso de la ciudadanía a información de interés público. Las leyes deben perseguir a los responsables de la filtración; no generar dudas sobre la libertad de informar». Por su parte, el diputado Jorge Guzmán (Evópoli) defendió que «nuestro sistema de justicia se construye sobre la base de la presunción de inocencia. Por eso, las investigaciones penales deben resguardar adecuadamente la información y los antecedentes sensibles». «Las filtraciones no solo pueden poner en riesgo el éxito de una investigación, sino también pueden dañar gravemente la honra de personas que finalmente podrían ser declaradas inocentes», añadió. Chile Transparente advierte vulneración de garantías constitucionales A las aprensiones de los gremios de la prensa se sumó la postura de la organización Chile Transparente, que recordó que, en diversas ocasiones, las filtraciones de causas judiciales han permitido evitar que investigaciones de alto impacto público sean silenciadas o archivadas. En ese sentido, la entidad alertó que la redacción actual del proyecto podría vulnerar las garantías constitucionales asociadas a la libertad de expresión y al derecho a la información. El Senado deberá fijar una nueva fecha en tabla para dar inicio a la discusión general de la propuesta. Read more
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